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Julio 2013. Año 7, Número 65

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LAS PERSONAS MORALES Y SU RECONOCIMIENTO COMO TITULARES DE DERECHOS HUMANOS

A raíz de las reformas Constitucionales que colocaron a la protección progresista de los derechos humanos en una vanguardia jurídica al Estado Mexicano, existen diversas controversias en los órganos encargados de impartir justicia con lo que respecta a la titularidad, su reconocimiento, y los alcances de esa primacía, especialmente por lo que se refiere a las personas jurídicas, también llamadas personas morales.

En este sentido, algunos juzgadores federales al efectuar una interpretación sistemática, teleológica y progresiva de lo dispuesto por los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que el Poder Reformador amplió el objeto de protección que brinda la Constitución Federal, en la medida que el texto constitucional no restringe la protección efectiva de los derechos humanos exclusivamente en favor de las personas físicas.

Tal es el caso del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que al establecer la jurisprudencia de rubro “PERSONAS MORALES. AL RECONOCÉRSELES COMO TITULARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011)” sostuvo que no fue voluntad del legislador excluir a las personas morales del

acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello, se les reconoció, por ampliación, como sujetos titulares de tales derechos, en lo que les resulte aplicable, lo cual incluso es acorde con la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello, se les reconoció, por ampliación, como sujetos titulares de tales derechos, en lo que les resulte aplicable, lo cual incluso es acorde con la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sin embargo, algunos otros juzgadores han diferido en el reconocimiento de las personas morales como sujetos de derechos humanos, de lo que surgen diversas posturas, a saber: 1. Las personas morales sí son titulares de derechos humanos, 2. Las personas morales no son titulares de derechos y humanos, y 3. Las personas morales sólo son titulares de derechos humanos en la medida que sean compatibles con su naturaleza, mismas que se explican a continuación:

1. PERSONAS MORALES COMO TITULARES DE DERECHOS HUMANOS

Así pues, es evidente que nuestra Carta Magna otorga en una mayor amplitud la protección de los derechos humanos con lo que respecta a su reconocimiento para las personas morales, esto debe prevalecer sobre cualquier otro tratado Internacional con el que México sea parte, pues si bien es cierto que la supremacía Constitucional ha quedado deleble en materia del reconocimiento y protección de Derechos Humanos, no debe pasar desapercibido que los motivos que originaron dicha determinación fue para conferir una mayor seguridad a los gobernados, pues en un caso contrario se violaría el principio de progresividad en el que se apegan dichos ordenamientos.

Bajo ese tenor, las personas morales son propiamente reconocidas como “ficciones de ley”, en cuanto a que simulan la integración de una persona física en cuanto a la titularidad de obligaciones y derechos, pero ello no debe dejar desapercibido que dichos entes son un conglomerado de intereses pertenecientes a personas físicas, y el destino que sostengan dichas sociedades afecta directamente a los sujetos que las integran, por lo que en el supuesto en el que se les pretenda restringir el acceso al proteccionismo de dichos derechos, tiene una directa afectación sobre los intereses de las personas que las constituyeron, transgrediendo así su “dignidad humana”, al coartarles de la seguridad jurídica ante el trato desigual del proteccionismo de entre sus gobernados.

En suma, en el caso que se proyecte una interpretación armónica de la Constitución Federal con diversos Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, el legislador no debe supeditarse a la aplicación estricta y restringida de dichos Acuerdos, sino que debe adoptarles como extensivos del contenido de la Ley Suprema en dos supuestos, el primero cuando dichas Pactos Internacionales sean más garantes que la propia Carta Magna en materia de derechos humanos; y en un segundo supuesto, que las Convenciones Internacionales refieran al reconocimiento y garantía de derechos humanos que no contempla la Constitución de nuestro país.

En esta perspectiva se sostiene, que los derechos humanos se reconocen para garantizar la “dignidad humana” de individuos, es decir, seres humanos, situación que no incluye a entes jurídicos como son las personas morales, esto atendiendo a que el control de convencionalidad que las autoridades deben ejercer para la protección de los derechos humanos, dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no les incluye debido a que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, en su artículo 1, numeral 2, prevé que debe entenderse como “persona”, y esto es todo ser humano, y que los derechos que se les reconoce son sólo inherentes a la persona humana. Por ello, si dicho Tratado Internacional, el cual se infiere que es extensivo de la Carta Magna del país en lo que refiere, hace tal distinción, se debe comprender que la propia Constitución esta así efectuándola.

Esta interpretación tiene respaldo en el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia cuyo rubro a la letra señala:

“DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE SU TITULARIDAD.”


2. PERSONAS MORALES NO SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS

3. PERSONAS MORALES NO SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS, A NO SER QUE SEAN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA

Esta postura corresponde a la interpretación ecléctica de las posturas analizadas, así pues, refiere que si bien los “DERECHOS HUMANOS” refiere, como su sola denominación señala, únicamente a personas humanas, excluyendo así a las personas morales, esto no debe significar que a dichos “entes” no se les pueda vulnerar derechos compatibles con su propia naturaleza, como lo serían el acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad, y los relativos a la materia tributaria, que entre otros son protegidos por la propia Constitución.

Tal manifestación, a pesar de que reconoce que las personas morales puedan ser sujetos justiciables en cuanto a las violaciones a derechos que le sean cometidas de forma autoritaria por razones de su actividad diaria, aun así refiere a una limitación cuantiosa de los DERECHOS HUMANOS reconocidos para la persona física, tales como pudieran ser derechos procesales, civiles, y otros que evidentemente le pueden ser transgredidos por no encontrarse vinculados a dicha actividad.

Tal criterio guarda respaldo en el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia de rubro:

DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD QUE LAS AUTORIDADES DEBEN EJERCER PARA SU PROTECCIÓN ESTÁ REFERIDO A PERSONAS FÍSICAS Y NO A LAS MORALES, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE A ÉSTAS NO SE LES PUEDAN VIOLAR DERECHOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.

En conclusión, dos años después de la reforma Constitucional que colocó al Estado Mexicano en el reflector mundial en el tema de derechos humanos, reconociéndosele como el mayor país garantista en la comunidad Internacional, a pesar de ello, es al día de hoy que aún no pueda definirse los alcances y límites proteccionistas del control de convencionalidad que deben efectuar las autoridades del país, lo que demuestra que previo a la elaboración de dichas reformas, el legislador no contempló la magnitud de la problemática que aparejaría la alteración a la Supremacía Constitucional al que las Autoridades se habían acostumbrado en la impartición de justicia en la nación, es por ello que nuestro Máximo Tribunal se haya visto involucrado en esa difícil tarea, de modo que existan diversos criterios que demuestran la variedad de teorías en la aplicación proteccionista de un modelo de estado proteccionista de Derechos Humanos.

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